IHR_Derechos_Humanos_Internacionales

Boletín

SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

Enero – Marzo 2024

1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

La CIDH es el órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) responsable de la promoción y protección de los derechos humanos en las Américas. Una de sus funciones es recibir y examinar denuncias individuales por violaciones de los derechos humanos y supervisar la situación de los derechos humanos.

– El 8 de febrero de 2024, la CIDH anunció la presentación de un caso ante la Corte IDH por los ataques a la integridad y la imposibilidad de acceso a la justicia de un candidato a concejal en Nicaragua, así como de su familia.

the IACHR announced that it had submitted a case to the IACtHR for the attacks on the integrity
Sede central del Consejo Supremo Electoral en Managua. Fuente: Confidencial.

El caso 14.047 se refiere a la violencia sufrida por Jaime Antonio Chavarría Morales y su familia durante un proceso electoral. Los hechos del caso tuvieron lugar en 2008, cuando Jaime y su familia sufrieron graves amenazas y agresiones físicas durante el proceso de verificación ciudadana, que les ocasionaron graves secuelas físicas, como fracturas y heridas. Tras estas brutales agresiones, las víctimas presentaron denuncias ante la policía y las autoridades electorales, así como recursos legales en busca de justicia y reparación por lo que habían sufrido. A nivel electoral, el Consejo Supremo Electoral ordenó que se negaran o ignoraran todas las denuncias, lo que se hizo. En el ámbito de la Policía Nacional y de la Inspectoría Electoral, tampoco hubo resultados efectivos, ya que las denuncias penales fueron rechazadas en numerosas ocasiones, por lo que el caso fue archivado en 2016. Después de que Jaime presentara una petición ante la CIDH, las amenazas y la violencia aumentaron aún más, lo que llevó a su hijo Jaime Antonio Chavarría Alonso a ir a los Estados Unidos de América como solicitante de asilo.

La CIDH destacó una serie de incumplimientos por parte del Estado en su Informe de Admisibilidad y Fondo. Consideró que se violó la integridad personal del señor Chavarría Morales y su familia durante y después de las elecciones municipales de 2008, que hubo una falta de intervención del Estado para detener los actos violentos, y que hubo ineficacia de las investigaciones sobre los hechos. Además, la ausencia de acción policial tuvo un impacto significativo en el desarrollo de los hechos. Adicionalmente, la CIDH encontró que se habían producido violaciones al debido proceso y a la protección judicial en relación con las denuncias penales y electorales, incluyendo una demora de más de 14 años sin una investigación adecuada, y que se había afectado la integridad física de la familia, con un niño involucrado y un miembro de la familia que había abandonado el país. En cuanto a las medidas de reparación solicitadas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la CIDH señaló que las víctimas deben ser reparadas con medidas económicas y de satisfacción, y que se realice una investigación exhaustiva, imparcial y efectiva del caso, entre otras. El comunicado de prensa puede consultarse aquí.

– El 5 de enero de 2024, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH publicó el informe “Hacia un Índice de Transparencia Activa en un contexto de emergencia sanitaria”, con el fin de orientar a los Estados para asegurar la difusión de información importante en contextos de emergencias sanitarias.

On January 5, 2023, the Special Rapporteur for Freedom of Expression of the IACHR published the report
Fuente: Revista Salud Digital Latinoamérica.

El informe tiene como objetivo, entre otros, desarrollar una propuesta para incrementar la transparencia y el acceso a la información pública con base en los criterios establecidos en las directrices para notificar los riesgos de emergencias de salud pública. La CIDH destacó que debido a que muchos países del continente americano no contaban con requisitos específicos en su legislación, durante la pandemia del COVID-19 respondieron con distintos niveles de efectividad para asegurar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública. En este sentido, antes y después de la pandemia, ya era claro que el acceso a información oportuna puede salvar vidas y brindar una mejor atención a las personas de manera individual y colectiva. A continuación, la CIDH describió el problema, que abarca el tema de la obligación de los Estados en materia de transparencia gubernamental. Así, a pesar de que los Estados tienen leyes para divulgar información sobre las compras públicas durante una emergencia, y cómo se adquieren las vacunas, estos indicadores no se han ampliado para que los Estados puedan responder mejor a futuras crisis sanitarias. La CIDH abordó posibles soluciones al problema, como la transparencia activa en materia sanitaria y científica. A la hora de estructurar y organizar los indicadores, los países suelen utilizar cuatro áreas principales: acceso a la información, datos abiertos, rendición de cuentas y participación ciudadana. Todos los indicadores abarcan una serie de aspectos que deben ser considerados, como las características de la información (que debe ser confiable y actualizada en base a la evidencia científica más sólida disponible), los estándares de datos abiertos (para que la evidencia pueda estar disponible y contribuir a las decisiones gubernamentales), entre otros. La CIDH hizo una serie de recomendaciones, por ejemplo, que los Estados emitan directrices para que los sujetos obligados publiquen activamente información sobre indicadores sanitarios y científicos que contribuyan a proteger y mitigar los daños a la salud pública. El informe puede consultarse aquí y el comunicado de prensa aquí.

2. Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal regional de derechos humanos encargado de aplicar e interpretar la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros instrumentos de derechos humanos en la región. Su función principal es decidir casos sobre violaciones de derechos humanos cometidas por los Estados que han aceptado su jurisdicción.

– El 15 de marzo de 2024, la Corte IDH publicó la decisión “Tavares Pereira y Otros Vs. Brasil” en la que determinó que Brasil es internacionalmente responsable de las muertes y lesiones que la Policía Militar causó a trabajadores rurales durante una protesta en Paraná.

On March 15, 2024, the IACtHR found that Brazil is internationally responsible for the deaths and injuries that the Military Police caused to rural workers
Monumento Antonio Tavares in Curitibia. Fuente: Brasil de Fato.

El 2 de mayo de 2000, se organizó una marcha por la reforma agraria en el estado de Paraná. Para regular la marcha, se ordenó a la policía que registrara los autobuses que transportaban a los manifestantes. Después, la policía no permitió a los trabajadores entrar en Curitiba y les ordenó regresar a Paraná. Durante este regreso, los autobuses volvieron a detenerse y los manifestantes se concentraron en la autopista, a pesar de que la policía les ordenó que no bajaran de los vehículos. En respuesta, la policía empezó a disparar y uno de esos disparos alcanzó a Antônio Tavares Pereira, que no recibió atención médica rápida y murió. Para despejar la carretera, la policía desplegó bombas lacrimógenas, balas de goma, perros, fuerza física y armas de fuego. Como resultado, 197 personas resultaron afectadas y al menos 69 heridas.

En sus consideraciones, la Corte IDH constató una violación de los artículos 13 (libertad de pensamiento y expresión), 15 (derecho de reunión) y 22 (libertad de circulación y residencia), porque la policía impidió a los trabajadores entrar en Curitiba, impidiendo así su protesta. Además, como también había niños en el grupo, el Tribunal declaró la violación del artículo 19 (derechos del niño) de la Convención Americana. En el caso de las 69 personas que resultaron heridas, la Corte IDH concluyó que el Estado hizo un uso desproporcionado de la fuerza e incumplió su obligación de proteger su integridad física y psicológica. Por lo tanto, declaró la violación del artículo 5.1 (derecho a un trato humano) de la Convención Americana. Por otro lado, debido a que la investigación del asesinato del Sr. Tavarez se llevó a cabo en la jurisdicción militar, la Corte decidió que Brasil violó el artículo 8.1 del mismo instrumento internacional. Además, como no se investigaron las lesiones sufridas por los trabajadores, el Estado violó los artículos 8.1 (derecho a un juicio justo) y 25.1 (derecho a la protección judicial). Por último, concluyó que hubo una violación del artículo 5.1 (derecho a un trato humano) debido a la violación de la integridad personal de la familia del Sr. Tavares Pereira, como consecuencia de su muerte y la posterior falta de investigación, procesamiento y castigo de los responsables. El comunicado de prensa puede encontrarse aquí y la decisión aquí.

– El 22 de marzo de 2024, la Corte IDH publicó la sentencia del caso “Viteri Ungaretti y otros Vs. Ecuador”, que declaró la responsabilidad internacional de Ecuador por su accionar ante la denuncia de presuntos actos de corrupción ocurridos en las Fuerzas Armadas.

the IACtHR published the decision of the case “Viteri Ungaretti and others Vs. Ecuador”
Dos militares ecuatorianos durante maniobras en 2016. Fuente:  Foro Militar General.

Julio Rogelio Viteri Ungaretti fue un miembro de las Fuerzas Armadas, que denunció graves irregularidades en la administración pública y actos de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, en noviembre de 2001. Como represalia, se le impusieron cuatro rigurosas sanciones de arresto y se le presionó para que solicitara su baja del Ejército. Finalmente, fue apartado de su cargo. Su esposa también sufrió este tipo de represalias, ya que las fuerzas armadas la perseguían constantemente. Debido a esta situación, el Sr. Viteri y su familia solicitaron asilo político en Londres.

Debido a las acciones llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas, la Corte IDH declaró la violación de los artículos 13 (libertad de pensamiento y expresión), 7 (derecho a la libertad personal), 26 (derecho a la estabilidad en el empleo) y 23 (derecho a participar en el gobierno), en perjuicio del Sr. Viteri. Además, debido a que la familia del Sr. Viteri se vio obligada a cambiar su plan de vida y buscar asilo en otro país, el Tribunal declaró que Ecuador violó sus derechos protegidos por los artículos 22 (libertad de circulación y residencia), 5.1 (derecho a un trato humano) y 17 (derechos de la familia). Además, como el Sr. Viteri tenía hijos, se violó el artículo 19 (derechos del niño). El comunicado de prensa puede consultarse aquí y la decisión aquí.

Explora más noticias dentro de los sistemas regionales de derechos humanos.