Boletín

1. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) 

El ACNUDH es la principal entidad de derechos humanos de las Naciones Unidas. Sus funciones incluyen promover y proteger todos los derechos humanos, ayudar a empoderar a las personas y desarrollar una perspectiva de derechos humanos en todos los programas de las Naciones Unidas. El actual Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es el Sr. Volker Türk.

A) Informe del ACNUDH resalta la crisis de derechos humanos en El Fasher, Darfur del Norte, desde mayo de 2024

– El 20 de diciembre de 2024, la Oficina de País del ACNUDH en Sudán publicó un informe sobre la alarmante situación de derechos humanos en El Fasher, Darfur del Norte.

Fuente: Free Malaysia Today. «El Infierno Sin Fin»: La guerra en Sudán continúa a
pesar de los compromisos de alto el fuego. Fecha: 29 de abril de 2023.
Enlace a la licencia: aquí.

La capital de Darfur del Norte ha sido el centro de intensos combates entre las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), transformándola en un campo de batalla desde abril de 2023. El conflicto en El Fasher, que alberga a un millón de habitantes, incluidos miles de desplazados internos (DI) de tribus africanas, se intensificó cuando las RSF, apoyadas por milicias árabes, sitiaron la ciudad en mayo de 2024. Desde mayo hasta noviembre de 2024, las RSF lanzaron ataques implacables, incluyendo bombardeos de artillería y operaciones con «drones suicidas», cortando los suministros a las SAF y devastando a la población local.

Según el informe, al menos 782 civiles fueron asesinados y más de 1.143 resultaron heridos durante este período. Los civiles enfrentaron violencia indiscriminada, incluyendo ataques de artillería en casas, mercados y calles. Infraestructuras vitales como hospitales y centros de salud también fueron atacadas, lo que agravó aún más la crisis humanitaria. El informe resalta otras violaciones de derechos humanos, incluyendo tortura, violencia sexual, detenciones basadas en etnias y el reclutamiento infantil por parte de las RSF. La extorsión en los puntos de control y el desplazamiento forzoso agravaron el sufrimiento, mientras que la inseguridad alimentaria alcanzó niveles críticos, con Sudán reportando ahora las tasas más altas de desnutrición en el este de África. La Resolución 2736 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada en junio de 2024, exigió el fin del asedio y de las hostilidades, enfatizando la necesidad de garantizar el paso seguro de los civiles para que pudieran abandonar la ciudad. Sin embargo, el cumplimiento por parte de las partes en conflicto sigue siendo limitado.

El ACNUDH ha instado a todas las partes a adherirse al derecho internacional humanitario, garantizar la rendición de cuentas por las violaciones y buscar la mediación para poner fin a la violencia. Este informe subraya la urgente necesidad de atención internacional para abordar la crisis de derechos humanos en curso en El Fasher y la región más amplia de Darfur. El informe se puede encontrar aquí (en inglés)

B) Informe del ACNUDH arroja luz sobre la crisis de libertad de los medios en Afganistán.

– En noviembre de 2024, el ACNUDH, a través de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, publicó un informe histórico sobre la libertad de los medios en el país.

Fuente: Free Malaysia Today. Talibán retira canales de televisión por violar valores islámicos.
Fecha: 18 de abril de 2024. Enlace a la licencia: aquí.

Desde la toma del poder por parte de los talibanes el 15 de agosto de 2021, los medios de comunicación en Afganistán han enfrentado graves retrocesos. Los desafíos económicos, la censura por parte de las autoridades de facto, la intimidación y las detenciones arbitrarias han llevado al cierre de muchos medios. Entre agosto de 2021 y septiembre de 2024, se documentaron 336 casos de violaciones de derechos humanos contra periodistas y trabajadores de los medios.

En septiembre de 2021, el Centro de Información y Medios del Gobierno introdujo nuevas restricciones a los medios. Las restricciones incluían prohibiciones de contenido considerado contrario al islam o a la cultura afgana, así como la prohibición de la música y las películas percibidas como violaciones de la ley islámica (Sharía). Nuevas restricciones, como la prohibición de que las mujeres viajen más de 78 kilómetros sin un tutor masculino y la prohibición de sus voces en las transmisiones, han afectado desproporcionadamente a las periodistas. Estas medidas han sofocado la libertad de expresión y el acceso a la información, componentes esenciales de cualquier sociedad.

Además, el informe del ACNUDH resalta incidentes ocurridos en el país tras la implementación de las restricciones mediáticas, como la detención en julio de 2023 de varios periodistas cuando cubrían un incendio, demostrando la aplicación impredecible de la ley islámica y el efecto paralizante sobre las operaciones de los medios. En este sentido, el ACNUDH recordó las obligaciones de Afganistán bajo el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de garantizar la libertad de los medios, proteger a los periodistas contra la violencia y garantizar el acceso a la información sin discriminación.

Finalmente, el informe insta a las autoridades talibanes a cesar la intimidación y las detenciones arbitrarias, salvaguardar la independencia de prensa y compartir activamente información pública. Este llamado a la acción enfatiza la necesidad de medidas inmediatas para proteger la libertad de prensa y defender los derechos humanos fundamentales en Afganistán. El informe se puede consultar aquí (en inglés).

2. Comité de los Derechos del Niño (CDN)

El CDN es el órgano de expertos independientes de las Naciones Unidas que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño

A) El CDN concluye que Finlandia violó los derechos de los niños indígenas sami en un caso de minería

– El 7 de octubre de 2024, el CDN dictaminó que Finlandia había violado los derechos a la cultura y la tierra de los niños indígenas sami al otorgar permisos de exploración minera en su territorio tradicional sin evaluaciones de impacto adecuadas ni garantizar su participación significativa.

Fuente: Wikimedia Commons. 7122. Lapper og Reinsdyr. Fecha: 4 de mayo de 2009. Enlace a la licencia: aquí.

El caso fue presentado por tres hermanas, M.E.V., S.E.V. y B.I.V., miembros del Kova-Labba Siida, una comunidad sami de pastores de renos seminómada. Argumentaron que las actividades mineras amenazaban la continuidad de su cultura tradicional, profundamente ligada a su identidad cultural y a las prácticas de pastoreo de renos, y limitaban su capacidad para beneficiarse de la transmisión de la cultura y los medios de subsistencia sami.

En 2014, el Servicio Geológico de Finlandia decidió llevar a cabo exploraciones mineras en un área de 390 hectáreas del territorio tradicional del Kova-Labba Siida, que consistía en perforaciones de entre 100 y 300 metros de profundidad en 20 sitios. La autoridad minera estatal consultó al Parlamento Sami y a la Cooperativa de Pastores de Renos de Käsivarsi sobre el proyecto, pero ambos se opusieron a cualquier aprobación que permitiera la minería. Sin embargo, los permisos de exploración se concedieron en 2016, lo que permitió la exploración minera en el territorio tradicional durante el invierno, un período crítico para la supervivencia de los renos. A pesar de la oposición del parlamento sami y las cooperativas locales, se rechazaron las apelaciones contra la decisión, y las autoridades afirmaron que la consulta era suficiente a los efectos de la Ley de Minería de Finlandia.

El CDN sostuvo que Finlandia había violado los artículos 8, 27, 30 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño en contra de los niños indígenas sami. En su decisión, el CDN concluyó que la exploración minera en el territorio tradicional causaría daños irreparables a la cultura sami, al hacer insostenible el pastoreo de renos y dañar la dimensión central o la capacidad de los niños indígenas sami de ser receptores activos y dispuestos de una transmisión sin obstáculos del modo de vida sami. Además, el CDN recordó que la integridad y continuidad de la identidad de una cultura requiere la existencia de condiciones para su modo de vida y está asociada con el uso del territorio tradicional y la utilización de sus recursos. El CDN también consideró que el Estado había violado los artículos 8, 27 y 30, leídos en conjunción con el artículo 12 y en relación con el artículo 2.1 de la Convención, porque no se había permitido a los autores participar adecuadamente en la decisión sobre los permisos de exploración minera, ni el Estado había tenido en cuenta las normas internacionales sobre la participación de los pueblos indígenas y el consentimiento libre, previo e informado en asuntos que afectan a sus derechos. A este respecto, el CDN consideró que la aprobación de los permisos de exploración sin dicho proceso violaba los derechos de los niños a disfrutar de su propia cultura y constituía una discriminación interseccional contra los autores en su condición de niños indígenas.

Por lo tanto, el CDN ordenó a Finlandia revisar efectivamente las decisiones relativas al proyecto de exploración minera, sobre la base de un proceso adecuado de consentimiento libre, previo e informado, acompañado de una evaluación independiente del impacto en los derechos del pueblo sami. La decisión se puede consultar aquí y el comunicado de prensa aquí (en inglés).

3. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

El CEDAW es el órgano de expertos independientes de las Naciones Unidas que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

A) El CEDAW condena la política de esterilización forzada de Perú como violencia de género

– El 30 de octubre de 2024, el CEDAW dictaminó que la política de esterilización forzada en Perú durante la década de 1990 constituía violencia de género y discriminación interseccional contra las mujeres.

Fuente: Flickr. Perú: Derechos sexuales y reproductivos. Fecha: 1 de octubre de 2018. Enlace a la licencia: aquí.

Más de 300.000 mujeres, predominantemente indígenas y rurales, pobres y analfabetas, en comparación con aproximadamente 25.000 hombres, fueron esterilizadas sin su consentimiento.

Las autoras de la denuncia fueron cinco mujeres: María Elena Carbajal, Florentina Loayza, Rosa Loarte, Elena Rojas y Gloria Basilio, quienes fueron esterilizadas por la fuerza entre 1996 y 1997 como parte de una política estatal de control de la natalidad. En 1995, el gobierno peruano modificó la Ley de Política Nacional de Población, autorizando el uso de anticonceptivos quirúrgicos voluntarios y procedimientos de esterilización masculina y femenina; mientras que la Resolución Ministerial N° 071-96-SA-DM, aprobada en 1996, aprobó un programa destinado a la anticoncepción quirúrgica voluntaria. Según las víctimas, estas medidas integraban un patrón consistente de coerción, presión y engaño contra las mujeres en Perú para que se sometieran a esterilizaciones en clínicas que carecían de instalaciones adecuadas o personal capacitado. Los procedimientos se llevaron a cabo sin consentimiento informado previo, y muchas mujeres ni siquiera pudieron comprender plenamente la naturaleza del procedimiento.

María Elena, de 26 años, fue esterilizada cuando dio a luz a su cuarto hijo, después de ser coaccionada con la amenaza de quitarle a su recién nacido si no se sometía al procedimiento. Como resultado de la esterilización, sufrió un trauma y enfrentó problemas físicos y psicológicos. Solo más tarde comprendió que la esterilización forzada era un delito. Florentina, de 19 años, fue esterilizada bajo la condición de que recibiría alimentos solo después. Intentó escapar sin éxito. Desde entonces, ha sufrido problemas continuos de salud física y mental. Rosa, de 35 años, fue esterilizada por la fuerza después de ser llevada a un centro médico sin explicación. Ahora sufre de fuertes dolores en el torso y la columna vertebral. Elena, de 30 años, fue esterilizada después de que le dijeran que perdería los beneficios sociales si se negaba. No recibió atención postoperatoria, desarrolló cáncer uterino seis meses después y hasta el día de hoy vive en la pobreza y con intenso dolor. Por último, Gloria, de 25 años, fue esterilizada por la fuerza y ahora sufre de trauma permanente y un útero desprendido. Cuatro de las cinco mujeres fueron abandonadas por sus maridos después de ser esterilizadas.

El CEDAW recordó que “[l]as violaciones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como la esterilización forzada […], constituyen formas de violencia de género que, según las circunstancias, pueden constituir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. También mencionó que la esterilización forzada, cuando es generalizada o sistemática, puede constituir un crimen de lesa humanidad con arreglo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El CEDAW señaló, en particular, que la esterilización forzada constituía violencia de género contra las víctimas, ya que las esterilizaciones masculinas y femeninas difieren sustancialmente en la naturaleza de la intervención e implican riesgos quirúrgicos mayores que los asociados con la esterilización masculina. El CEDAW consideró particularmente el contexto en el que las víctimas fueron esterilizadas, a saber, por personal médico no calificado y en condiciones sanitarias inadecuadas, y en el marco de una política de planificación familiar que priorizaba la anticoncepción quirúrgica a gran escala, sin garantizar el consentimiento previo, libre, pleno e informado de las mujeres que se sometieron a este tipo de procedimiento. También destacó la falta de diligencia del Estado para esclarecer los hechos relacionados con las esterilizaciones de las víctimas, ni les ha garantizado una reparación plena. En consecuencia, el CEDAW concluyó que Perú había violado los artículos 2, leídos en relación con los artículos 3, 10.h), 12, 14 y 24 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Finalmente, el CEDAW instó a Perú a adoptar medidas efectivas para investigar todas las esterilizaciones forzadas realizadas durante la década de 1990 y a establecer una política integral de reparación para las víctimas. La decisión puede consultarse aquí y el comunicado de prensa aquí.