El 28 de julio de 2023 la Corte IDH decidió que Paraguay era internacionalmente responsable por la tortura del inspector de policía Jorge Luis López Sosa, así como por la violación de otros derechos humanos de la víctima. Los hechos del caso se enmarcan en el contexto de un intento de golpe de Estado que tuvo lugar el 18 de mayo de 2000, por parte de algunos miembros del Primer Cuerpo del Ejército, la Comandancia y otras ramas de la Policía Nacional. El golpe pretendía deponer al presidente de la República, que en ese momento era Luis Ángel González Macchi. En este escenario, el Presidente suspendió derechos y garantías consagrados en la Constitución Política. En la mañana del 19 de mayo de 2000, el Sr. López Sosa, quien se desempeñaba como suboficial de la Policía Nacional, se dirigió a su lugar de trabajo. Al llegar allí, fue llamado por su jefe, quien le indicó que debía presentarse ante el Comisario J.B.P. en la Comisaría 11 Metropolitana. Cuando llegó allí, le llevaron a la comisaría, donde un agente le desarmó, le ató las manos, le vendó los ojos y le tumbó en el suelo. En ese momento, varios agentes comenzaron a hacerle una serie de preguntas sobre lo que había hecho la noche anterior, suponiendo que el Sr. López Sosa tenía algún tipo de participación en el intento de golpe. Este fue golpeado con un palo y de otras formas a lo largo de la mañana, mientras oía cómo golpeaban y gritaba de dolor otra persona detenida. Posteriormente, fue trasladado a dos establecimientos, donde permaneció esposado y en condiciones precarias e inhumanas. A continuación, fue sometido a dos procedimientos: uno disciplinario policial y otro penal. En el primero, se determinó que había participado en el intento golpista y se le castigó con una sanción administrativa y el despido del servicio. En el proceso penal, el Ministerio Público dictó resolución ordenando su detención por el delito de “hechos punibles contra la existencia del Estado y contra el orden constitucional”. Así, el Sr. López Sosa fue encarcelado hasta el 14 de diciembre del 2000 y, al término de su encarcelamiento, se declaró extinta la acción penal. Posteriormente, fue reincorporado a la Policía Nacional, con el mismo cargo que ocupaba anteriormente. La Corte IDH concluyó que se habían violado diversas disposiciones del artículo 7 (derecho a la libertad personal) de la Convención Americana. En primer lugar, se violó el artículo 7(2) porque la detención del Sr. López Sosa no se llevó a cabo mediante una orden escrita de la autoridad competente antes de la detención. En segundo lugar, se violaron los artículos 7(4) y 7(5), ya que no la víctima fue informada de las razones de su detención y no se le garantizó el derecho a ser llevado ante un juez en un plazo no mayor a 24 horas. El Estado paraguayo también fue considerado responsable de los actos de tortura infligidos al Sr. López Sosa por parte de agentes del Estado, ya que se consideró que fue intencional, que produjo sufrimiento físico y psicológico, y que buscaba obtener una confesión, en clara violación de los artículos 5(1) y 5(2) (derecho a un trato humano y prohibición de la tortura) de la Convención, así como de los artículos 1 (obligación de prevenir y sancionar la tortura) y 6 (obligación de adoptar medidas eficaces para prevenir y sancionar la tortura) de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Finalmente, la Corte IDH consideró que se violaron los artículos 8 (derecho a un juicio justo) y 25 (derecho a la protección judicial), ya que hubo fallas en el marco de la investigación (como la producción de pruebas físicas), así como el incumplimiento del plazo razonable (transcurrieron más de 22 años desde que ocurrieron los hechos sin que haya una sentencia firme). La decisión puede consultarse aquí y el comunicado de prensa aquí.