El 28 de julio de 2023 la Corte IDH decidi\u00f3 que Paraguay era internacionalmente responsable por la tortura del inspector de polic\u00eda Jorge Luis L\u00f3pez Sosa, as\u00ed como por la violaci\u00f3n de otros derechos humanos de la v\u00edctima. Los hechos del caso se enmarcan en el contexto de un intento de golpe de Estado que tuvo lugar el 18 de mayo de 2000, por parte de algunos miembros del Primer Cuerpo del Ej\u00e9rcito, la Comandancia y otras ramas de la Polic\u00eda Nacional. El golpe pretend\u00eda deponer al presidente de la Rep\u00fablica, que en ese momento era Luis \u00c1ngel Gonz\u00e1lez Macchi. En este escenario, el Presidente suspendi\u00f3 derechos y garant\u00edas consagrados en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. En la ma\u00f1ana del 19 de mayo de 2000, el Sr. L\u00f3pez Sosa, quien se desempe\u00f1aba como suboficial de la Polic\u00eda Nacional, se dirigi\u00f3 a su lugar de trabajo. Al llegar all\u00ed, fue llamado por su jefe, quien le indic\u00f3 que deb\u00eda presentarse ante el Comisario J.B.P. en la Comisar\u00eda 11 Metropolitana. Cuando lleg\u00f3 all\u00ed, le llevaron a la comisar\u00eda, donde un agente le desarm\u00f3, le at\u00f3 las manos, le vend\u00f3 los ojos y le tumb\u00f3 en el suelo. En ese momento, varios agentes comenzaron a hacerle una serie de preguntas sobre lo que hab\u00eda hecho la noche anterior, suponiendo que el Sr. L\u00f3pez Sosa ten\u00eda alg\u00fan tipo de participaci\u00f3n en el intento de golpe. Este fue golpeado con un palo y de otras formas a lo largo de la ma\u00f1ana, mientras o\u00eda c\u00f3mo golpeaban y gritaba de dolor otra persona detenida. Posteriormente, fue trasladado a dos establecimientos, donde permaneci\u00f3 esposado y en condiciones precarias e inhumanas. A continuaci\u00f3n, fue sometido a dos procedimientos: uno disciplinario policial y otro penal. En el primero, se determin\u00f3 que hab\u00eda participado en el intento golpista y se le castig\u00f3 con una sanci\u00f3n administrativa y el despido del servicio. En el proceso penal, el Ministerio P\u00fablico dict\u00f3 resoluci\u00f3n ordenando su detenci\u00f3n por el delito de \u201chechos punibles contra la existencia del Estado y contra el orden constitucional\u201d. As\u00ed, el Sr. L\u00f3pez Sosa fue encarcelado hasta el 14 de diciembre del 2000 y, al t\u00e9rmino de su encarcelamiento, se declar\u00f3 extinta la acci\u00f3n penal. Posteriormente, fue reincorporado a la Polic\u00eda Nacional, con el mismo cargo que ocupaba anteriormente. La Corte IDH concluy\u00f3 que se hab\u00edan violado diversas disposiciones del art\u00edculo 7 (derecho a la libertad personal) de la Convenci\u00f3n Americana. En primer lugar, se viol\u00f3 el art\u00edculo 7(2) porque la detenci\u00f3n del Sr. L\u00f3pez Sosa no se llev\u00f3 a cabo mediante una orden escrita de la autoridad competente antes de la detenci\u00f3n. En segundo lugar, se violaron los art\u00edculos 7(4) y 7(5), ya que no la v\u00edctima fue informada de las razones de su detenci\u00f3n y no se le garantiz\u00f3 el derecho a ser llevado ante un juez en un plazo no mayor a 24 horas. El Estado paraguayo tambi\u00e9n fue considerado responsable de los actos de tortura infligidos al Sr. L\u00f3pez Sosa por parte de agentes del Estado, ya que se consider\u00f3 que fue intencional, que produjo sufrimiento f\u00edsico y psicol\u00f3gico, y que buscaba obtener una confesi\u00f3n, en clara violaci\u00f3n de los art\u00edculos 5(1) y 5(2) (derecho a un trato humano y prohibici\u00f3n de la tortura) de la Convenci\u00f3n, as\u00ed como de los art\u00edculos 1 (obligaci\u00f3n de prevenir y sancionar la tortura) y 6 (obligaci\u00f3n de adoptar medidas eficaces para prevenir y sancionar la tortura) de la Convenci\u00f3n Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Finalmente, la Corte IDH consider\u00f3 que se violaron los art\u00edculos 8 (derecho a un juicio justo) y 25 (derecho a la protecci\u00f3n judicial), ya que hubo fallas en el marco de la investigaci\u00f3n (como la producci\u00f3n de pruebas f\u00edsicas), as\u00ed como el incumplimiento del plazo razonable (transcurrieron m\u00e1s de 22 a\u00f1os desde que ocurrieron los hechos sin que haya una sentencia firme). La decisi\u00f3n puede consultarse aqu\u00ed y el comunicado de prensa aqu\u00ed.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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